¿Puede la ley obligar a esterilizar a los animales?
Una de las críticas que ha recibido la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales ha sido la obligatoriedad de la esterilización.
Ahora bien…
Hay varios matices importantes a tener en cuenta
En primer lugar, hay que distinguir a la persona (física o jurídica) obligada a esterilizar.
Así, por un lado, tenemos a los centros públicos de protección animal, y a las entidades de protección animal, que están obligadas a esterilizar a los perros, gatos y hurones, con carácter previo a su entrega en adopción.
Esto es algo a lo que los centros y entidades ya estaban obligados en las comunidades autónomas, como es el caso de Catalunya.
Si estos animales no tuvieran la edad o las condiciones suficientes para realizar la cirugía, según criterios veterinarios, se debe suscribir un compromiso de esterilización o no reproducción.
Además, los centros y entidades también estarán obligados a esterilizar animales de otras especies, siempre que ello sea viable según criterio veterinario.
Por otro lado, la Ley prevé la esterilización quirúrgica de todos los gatos con propietario, antes de los seis meses de edad.
Esto no aplica a aquellos que estén inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de animales de compañía.
Este es el aspecto novedoso que, en materia de esterilización, introduce esta ley.
La justificación de esta medida se encuentra en el preámbulo, que indica expresamente que se trata de una medida complementaria a la gestión ética de las colonias felinas y los gatos comunitarios.
Esto es así porque la esterilización obligatoria de los gatos con hogar permite controlar y evitar el aporte de nuevos individuos a las colonias felinas.
Dicho esto, ¿puede la ley obligar a la esterilización de animales?
En La Rioja, la ley autonómica, en el año 2018, impuso la obligación de esterilizar a los perros y gatos.
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre ello, en julio de 2020.
Y su conclusión fue que sí, que esta prohibición es legal y que respeta la Constitución española.
¿Y en base a qué? Pues porque, en palabras del Tribunal Constitucional, la esterilización es una medida coherente con el espíritu de la propia ley.
Y también con el Convenio Europeo sobre Protección de los Animales de Compañía.
El motivo es que en ambas normas se reconoce la necesidad de evitar el abandono, y la esterilización de perros y gatos es una de las medidas posibles para ello.
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